La ONG Educo afirma que en España hay 580.000 niños de entre seis y 13 años que se quedan solos por las tardes en verano. Se les conoce como “los niños de la llave” porque son ellos los que abren la puerta de casa cuando llegan. No tienen quien les recoja a la salida del colegio, ni si quiera quien les prepare la merienda.
Los datos son preocupantes: en 2016 la cifra era un 66% superior a 2009. Números que seguirán creciendo, advierte la directora de Educación y Acción Social de Educo, Clarisa Giamello.
Esta situación se agrava en verano, sobre todo en menores que están en riesgo de exclusión, debido al cierre de comedores y el fin de actividades extraescolares o complementarias.
El informe Nativos de la crisis: los niños de la llave, de Educo, sostiene que el paso de primaria a secundaria supone un punto de inflexión: los padres argumentan que ya “son mayores” cuando los niños tienen once o doce años.
Imposibilidad de conciliación laboral y personal
La precariedad laboral y la escasa conciliación laboral son responsables directos del problema. «Las razones de esta situación pasan por una situación económica y laboral de precariedad con prácticamente nulo soporte familiar y social», asegura el informe.
“No son padres negligentes. Son familias a las que les preocupa mucho que sus hijos de queden solos en casa. Eso les genera angustia, pero no les queda más remedio”, señala Pepa Domingo, responsable de las becas comedor de Educo. Se trata de hijos de trabajadores sin recursos, familias monoparentales o parejas que no consiguen llegar a fin de mes.
Según un estudio de Unicef citado por Educo, esta situación afecta al 16,1% de los hogares con niños a cargo y personas adultas con trabajo: en total 2.2 millones familias con niños están en riesgo de pobreza.
Los expertos advierten de los riesgos
Los niños viven en auténtica soledad. Desayunan solos, comen solos y, en algunos casos, hasta cenan sin compañía alguna. Pasan el día encerrados en casa, recluidos en una habitación de escasos metros sin otro entretenimiento que un móvil, una tablet o un ordenador.
Es una situación a la que les condena la imposibilidad de acceder a otras actividades al aire libre. “No se van de vacaciones en familia, pero los padres tampoco pueden pagar unos campamentos de verano a sus hijos, donde estos niños estarían jugando con otros, contando con personas adultas para su cuidado”, afirma Giamello.
Lo que más preocupa son los riesgos y los hábitos de vida a los que se exponen los niños. Los expertos alertan: desde el consumo de alcohol y otras drogas hasta los problemas de alimentación.
También advierten de los riesgos psicosociales: “Hay una pérdida de espacio. No hay una zona de juego y esto genera tensiones dentro de la vivienda porque tampoco es una situación buscada, sino impuesta. Además, se generan inseguridades, confusión de roles, etcétera”, explica Giamello. Abel Domínguez, psicólogo infantil, va más allá: “Les puede generar ansiedad, estrés y cierto de sentimiento de abandono”.
El papel de asociaciones y ONGs
Para Felipe Campos, director general de la Asociación educativa Ítaca, la crisis ha recortado la infancia: “La situación habitacional de estas familias es muy compleja. Es evidente que hay una conciencia del menor de que vive una situación distinta de la de otros compañeros y eso crea un agravio comparativo”.
Durante el curso Ítaca recoge a 190 niños en el colegio y los acompaña durante la tarde en diversas actividades. En verano monta colonias con las que trata de ocupar parte del día de estos menores.
Fundesplai, en Cataluña; Save The Children, Cruz Roja o la Fundación Pere Tarrés son algunas de las organizaciones que luchan contra el problema: becas para colonias, campamentos de verano, comedores, etc. Casi 10.000 becas repartieron desde Pere Tarrés en 2016.
Sin embargo, desde estas entidades denuncian la ausencia del gobierno: “En la medida en que el Gobierno pone esta responsabilidad en manos de las ONG, está haciendo una dejación de funciones. Las ONG no tienen que ser las que pongan más recursos. Esa obligación es del Gobierno”, reclama Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social.
