En octubre del pasado año Donald Trump llevó a cabo una declaración de emergencia sanitaria pública por la ola de adicción a los opiáceos que sufre Estados Unidos. Un paso que el presidente definió como “crucial” al mismo tiempo que pedía la implicación de a todos los Gobiernos y de las agencias públicas involucradas.
Los datos no dejan indiferente a nadie.
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el abuso de estupefacientes fue el responsable de la muerte de 64.000 estadounidenses en 2016. Hablamos de más de 170 muertes diarias. Muchas de ellas relacionadas de forma directa con la prescripción indebida de medicamentos opiáceos y el uso de derivados sintéticos de estos.
Oxicodona, hidrocodona, codeína, morfina y fentanilo son algunas de las recetas habituales. En 2016 hubo 216 millones de prescripciones, una cifra que se ha triplicado en los últimos 15 años. De entre los pacientes, 11 millones abusaron de ellas. Su consumo provoca supresión del dolor, tranquilidad, bienestar y euforia.
En USA se registran 200 muertes por sobredosis de opiáceos. El número de fallecidos de ha multiplicado por 5 en 15 años
El consumo es casi un 40% más alto que la tasa de Alemania y Canadá. Respecto a países como Francia y Portugal es seis veces mayor. Desde 1999 son más de 600.000 fallecidos por sobredosis. Como si tratara de un viaje al pasado, el abuso de las drogas se ha convertido de nuevo en uno de los principales problemas del país.
Graves consecuencias económicas
El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca publicó el pasado mes de noviembre un análisis que pone de manifiesto la gravedad económica de la crisis: las pérdidas generadas fueron similares al 2,8% del producto interior bruto en 2015. Una cifra que supone un coste de 504.000 millones de dólares (en torno a 430.000 millones de euros). La suma, que no para de crecer, es equivalente al 40% de producto interior bruto de España.
Estas pérdidas se atribuyen a las muertes, los gastos médicos y la pérdida de horas trabajadas. Pero la cosa no queda ahí, la situación supone un freno para el crecimiento en sí mismo.
Según un informe de Alan Krueger, quien fue presidente del Consejo Económico de Barack Obama, para la Brookings Institution, las crecientes prescripciones de estos medicamentos registradas entre 1995 y 2015 podrían haber causado el 20% del descenso de la tasa de participación (porcentaje de la población empleada o en búsqueda de empleo) en hombres y el 25% en mujeres durante ese mismo periodo.
Política fiscal
En julio del año pasado ya hubo reflexiones importantes sobre la materia. Sin entrar en datos, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, alertó en el Congreso de EE UU de que la adicción a las drogas estaba trastocando el mercado laboral. Además, Yellen señalo a EE.UU como “la única nación avanzada” con un “incremento de muertes insólito” por el consumo de medicamentos con receta y opiáceos.
Por eso la crisis abre debate también el debate de la política fiscal. “Es importante entender el coste asociado de la epidemia para adoptar políticas que puedan ayudar a mitigarla”, expresa el consejo de asesores de la Casa Blanca.
Según señaló Yellen, las estadísticas que maneja la Reserva Federal, muestran que muchos jóvenes en edad de trabajar no participan activamente en el mercado laboral debido a este consumo. Además, otros muchos abandonan sus estudios y no se forman para el futuro.
Junto a esto, los adictos que se apartan del mercado laboral y el alto índice de suicidios y sobredosis explican la baja tasa de participación laboral que, entre comienzos de los 2000 y septiembre 2015 cayó casi un 4% tocando el mínimo en cuatro décadas.
¿Estamos preparados para una epidemia de estas características?
